Mientas continúa la escalada de homicidios en gran parte de Estados Unidos, el presidente Joe Biden se ha comprometido públicamente a combatir la venta ilegal de armas en el país, al asegurar que su administración tendrá “tolerancia cero” con los comerciantes deshonestos.
“Los comerciantes de la muerte están violando la ley con fines de lucro”, dijo el presidente Biden este miércoles, según reporta la agencia Reuters.
Según la misma fuente, Biden, de 78 años, ha dispuesto más ayuda para los distintos estados en pos de conseguir un incremento de presencia policial en las calles, apelando a fondos ya aprobados para que la economía nacional se recupere en plena pandemia.
Firme en su postura, el mandatario enfatizó su objetivo de terminar con los vendedores ilegales de arma. “Si intencionalmente vende un arma a alguien que tiene prohibido poseerla, si intencionalmente no realiza las verificaciones de antecedentes, si intencionalmente falsifica un registro, si intencionalmente no coopera con las solicitudes de rastreo o las inspecciones, mi mensaje para usted es este: ‘Lo encontraremos y le quitaremos su licencia para vender armas'”, aseveró, informa Telemundo.
Cómo es la estrategia integral de Biden para combatir la venta ilegal de armas
El comunicado de prensa de la Casa Blanca especifica la estrategia integral anunciada por el presidente Biden será financiada por fondos del Plan de Rescate.
En tanto, este plan oficial constará de “una guía clara para ayudar a los gobiernos estatales, locales, territoriales y tribales a obtener el dinero que necesitan para poner a más oficiales de policía en el lugar, con los recursos, la capacitación y la responsabilidad que necesitan para participar en la vigilancia comunitaria eficaz, además de apoyar programas probados de Intervención contra la violencia en la comunidad, oportunidades de empleo de verano y otras inversiones que sabemos que reducirán la delincuencia y harán que nuestros vecindarios sean más seguros”, enuncia el comunicado.
Una por una, las medidas de Biden contra la venta ilegal de armas:
- Detener el flujo de armas de fuego utilizadas para cometer actos de violencia, incluso responsabilizando a los comerciantes de armas de fuego deshonestos por violar las leyes federales;
- Apoyar a la policía local con herramientas y recursos federales para ayudar a abordar los delitos violentos durante el verano;
- Invertir en intervenciones de violencia comunitaria basadas en evidencias;
- Ampliar la programación de verano, las oportunidades de empleo y otros servicios y apoyos para adolescentes y adultos jóvenes;
- Ayudar a las personas anteriormente encarceladas a volver a ingresar con éxito a sus comunidades.
Según dijo la Casa Blanca, citando un informe del grupo de investigación no partidista del Consejo de Justicia Criminal, en 2020 los homicidios en las grandes ciudades de EE.UU. aumentaron un 30% con respecto al año anterior, mientras que los asaltos con armas aumentaron un 8%. Entre las más inseguras, se destacan grandes ciudades como Chicago y Houston.
Cómo los recursos locales y estatales del Plan de Rescate pueden ayudar a las distintas comunidades
Por su parte, el Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió otro comunicado en el que detalla cómo los fondos del Plan de Rescate, tanto locales como estatales, podrán ayudar a las distintas comunidades en la lucha contra la venta ilegal de armas de fuego.
Entre las sugerencias del mencionado organismo, se destacan:
- Contratar agentes del orden público o pagar horas extra, donde los fondos se centran directamente en el avance de las estrategias de vigilancia comunitaria en aquellas comunidades que experimentan un aumento de la violencia armada asociada con la pandemia.
- Programas de Intervención Comunitaria contra la Violencia (CVI), incluidos los esfuerzos de creación de capacidad en los programas de CVI, como el financiamiento y la capacitación de trabajadores de intervención adicionales.
- Trabajos subsidiados, capacitación laboral y servicios integrales.
- Esfuerzos de aplicación adicionales para reducir el tráfico de armas y recursos adicionales para eliminar los retrasos judiciales.
- Servicios de salud mental y servicios para trastornos por uso de sustancias.
- Apoyo socioemocional en la escuela y otros servicios de salud mental.
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