En Miami una vez más el tema de elecciones vuelve a convertirse en algo candente y hasta criminal. La alcaldesa del condado Miami-Dade ya está pidiendo a la fiscalía que tomen cartas en el asunto después de que recibió quejas por denuncias por parte de varios residentes de la Pequeña Habana de que se les había cambiado el partido del cual eran afiliados sin su conocimiento.
Levine Cava, hizo el pedido en un correo electrónico a la fiscal estatal Katherine Fernandez-Rundle, según el Miami Herald. se unió a otros demócratas de Florida para pedir una investigación luego de las quejas de los residentes de Haley Sofge Towers, un complejo de viviendas públicas administrado por el condado en la Pequeña Habana.
La senadora estatal Annette Taddeo y la comisionada de agricultura Nikki Fried, ambas candidatas a gobernadora contra el republicano Ron DeSantis, también pidieron una investigación.
“Bajo el pretexto de los esfuerzos de renovación de votantes, los encuestadores ingresaron al edificio y se relacionaron con los residentes mayores, quienes afirman que no aprobaron cambios repentinos en su afiliación partidaria”, escribió Levine Cava.
Estos cambios han estado ocurriendo en los últimos meses
En diciembre, WPLG informó que una demócrata de toda la vida de 84 años, sin saberlo, firmó documentos para cambiar su registro a republicano después de que el personal de escrutinio del Partido Republicano de Florida llamara a su puerta.
Después de que se hizo la denuncia, hubo una cantidad de residentes, todos mayores de 65 años, que fueron a reclamar que ahora estaban registrados como republicanos sin su conocimiento, según Taddeo y WPLG, que publicaron su informe más reciente sobre el tema el jueves.
Estas denuncias justo coinciden con el anuncio por parte del gobernador Ron DeSantis el pasado mes de noviembre. En esa ocasión dijo que estaba muy contento porque por primera vez en la historia del estado habían más votantes registrados como republicanos que demócratas.
Fried le envió una carta al fiscal general del país, Merrick Garland reclamando que el Departamento de Justicia investigue estas denuncias de “interferencia de elecciones y privación del derecho al voto”.
“Estoy especialmente preocupada por las implicaciones para los derechos civiles de esta privación de derechos denunciada porque las víctimas son personas mayores, de bajos ingresos y muchas no hablan inglés”, escribió.
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