El pasado domingo se conoció el fallecimiento a la edad de 90 años del exsacerdote chileno, Fernando Karadima, quien fuera uno de los representantes religiosos que más escándalo y horror despertó en la comunidad católica, acusado de cometer abusos sexuales en contra de menores de edad y por estar vinculado a personas de cargos de relevancia política en el país austral.
Expulsado por el Papa Francisco en septiembre del año 2018, y condenado a vivir un resto de vida de penitencia, en el albergue para ancianos San Juan de Dios, en la ciudad capital De Santiago de Chile, se produjo la muerte de Karadima, luego de transitar por una bronconeumonía, consecuente del Covid-19, que se complicó además con una insuficiencia renal, y con otras enfermedades de base como la diabetes e hipertensión arterial.
Cabe recordar que los señalamientos por este delito salieron a la luz pública en el año 2010, cuando sus víctimas, Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo relataron de los abusos a que el padre los sometía. En un reportaje de televisión, los denunciantes al enterarse de su deceso se manifestaron a través de un comunicado:
“Ha muerto el exsacerdote católico que abusó sexual y espiritualmente de muchas personas, entre ellos nosotros. Todo lo que teníamos que decir de él “está dicho”, continuaron, señalando que era “un eslabón más en esta cultura de perversión y encubrimiento en la iglesia”.
“El cura de la elite”
De acuerdo a Perfil, desde la parroquia santiaguina de El Bosque, situada en Santiago, que dirigió desde 1980 hasta 2006, Karadima forjó durante años sólidos nexos con sectores de la élite política y económica de Chile. Fue una de las figuras más influyentes al interior del episcopado por la formación de vocaciones religiosas, entre ellas cuatro obispos, dos de los cuales fueron apartados de sus diócesis también por acusaciones de abuso sexual de menores: Juan Barros, el cuestionado obispo de Osorno, y Horacio Valenzuela, de Talca.
El expárroco de El Bosque construyó un imperio económico al convertirse en el cura del empresariado y oligarquía chilena que le hacía millonarias donaciones: recolectaba más de $4.000 dólares en cada misa dominical y recibía cuantiosos aportes de la elite. A la par, cometió una serie de abusos sexuales, de poder y de conciencia, contra menores de edad las décadas de 1980 y 1990.
Justicia religiosa, más no penal
Con el fin de aplicar justicia, autoridades chilenas hicieron las respectivas investigaciones de los casos denunciados, pero consecuencia de que los casos habían ocurrido muchos años atrás, en las décadas de los 80 y en la primera mitad de los 90, la justicia determinó la preclusión de los delitos.
Sin embargo, los tribunales, sí condenaron en 2019 a la Iglesia a pagar una indemnización por “daños morales” de cerca de $150.000 dólares a las víctimas Murillo, Hamilton y Cruz, según informó el País.
De otro lado, ante el fallecimiento de su agresor, las tres víctimas y cara del abuso sexual por parte de los religiosos católicos en Chile, expresaron “estar en paz” y “seguir luchando para que estos crímenes no vuelvan a pasar, y por tantas personas que lo han vivido y aún no tienen justicia”.
Mientras que, en declaraciones citadas por La Tercera, el Arzobispado de Santiago declaró: “acompañamos de cerca a las víctimas sobrevivientes y a sus familias, pidiéndole a Dios misericordioso que pueda sanar el dolor causado a todos quienes han sufrido. Al mismo tiempo, como arzobispado reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando en la promoción de ambientes sanos y seguros al interior de la Iglesia”.
El Papa Francisco pidió perdón
Según informó InfoBae, en visita realizada por el papa Francisco a Chile en enero de 2018, el máximo jerarca de la iglesia católica promovió una completa renovación de la Iglesia católica, por haber perdido la enorme influencia que tenía en el país latinoamericano tras la serie de escándalos de abusos sexuales a menores.
Francisco, expresó de las dudas que le trajeron la serie de cuestionamientos que le hizo la prensa acerca de las denuncias por abuso sexual por parte de los clérigos chilenos, y que no contrastaban con los informes presentados a su persona al respecto, por lo que decidió encomendar a una misión especial del Vaticano dirigirse al país suramericano para que investigara y escuchara a los denunciantes de los delitos. Bajo el liderazgo del arzobispo Charles Scicluna, se pudo redactar un informe detallado que logro confirmar la veracidad de los acontecimientos, y que dio cuenta además del caso de omisión y encubrimiento del clero chileno.
De esta manera, con toda la ola de denuncias que surgieron con los testimonios de Hamilton, Murillo y de Cruz, la iglesia de Chile entró en su mayor crisis de la historia. De acuerdo con cifras oficiales, hasta 2019 más de 200 miembros de la Iglesia fueron investigados por más de 150 casos de abusos sexuales, mientras que se identificaron más de 240 víctimas, de las cuales 123 eran niños.
Corroborada la información por el sumo pontífice, y consecuencia de todo el escándalo, la pena por las víctimas, y por el desprestigio de la Iglesia católica, el papa Francisco pidió perdón y admitió su error. Escuchó a víctimas de abuso de curas en el Vaticano y luego, en un hecho inédito y de gran significación, convocó a Roma a todos los obispos chilenos, quienes frente a él presentaron su dimisión.
Finalmente, en agosto de 2019, impulsada por este caso, se promulgó en Chile la ley que declara “imprescriptibles” los delitos sexuales contra menores de 18 años. Juan Carlos Cruz fue designado en marzo como miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores
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